¿Puede un funcionario negarse a recibir notificaciones en papel en base a la excepción del art. 41.1.b) de la Ley 39/2015?

El art. 14.2.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015) (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obliga a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, «a los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración».

La discusión que se ha planteado en la doctrina es si esa remisión reglamentaria que realiza el precepto a una ordenanza municipal, excluye la inmediatez de la obligación de relacionarse electrónicamente hasta que no se disponga de regulación.

La respuesta ha de ser negativa. Los empleados de las Administraciones Públicas en los supuestos regulados en el citado apartado e) del art. 14.2 (LA LEY 15010/2015), deben relacionarse electrónicamente con la Administración a todos los efectos desde la entrada en vigor de la Ley. Sin perjuicio de las especialidades en dicha regulación o, incluso, de las excepciones que se establezcan reglamentariamente.

Pero no es ésta la cuestión planteada por el consultante; sino que refiere la situación de que un funcionario se niegue a recibir notificaciones en papel, optando la Administración por este medio en base a lo dispuesto en el art. 41.1.b Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015). Este precepto establece que se podrá realizar la notificación por medio no electrónico aun cuando se trate de un supuesto en que resulta obligatoria tal relación, «cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante».

El supuesto está pensado para aquellas situaciones donde la notificación electrónica supone un obstáculo para la actuación administrativa; bien por su dificultad, bien por la posibilidad cierta de que el notificado no acceda al contenido de la notificación. El supuesto más frecuente será en los procedimientos iniciados de oficio, como los sancionadores o los disciplinarios urbanísticos, donde a falta de conocimiento por la Administración del dispositivo electrónico al que realizar el aviso, el notificado difícilmente acudirá al buzón electrónico de la sede electrónica a recoger una notificación de un procedimiento del que no tiene conocimiento.

Es por eso que el legislador ha previsto que en estos casos la Administración realice la notificación en papel.

Pero no parce ser este el supuesto de la consulta. En el caso de realizar notificaciones a un funcionario de la Administración sin que resulten acreditadas circunstancias que dificulten el buen fin de la actuación administrativa, la notificación debe ser realizada de forma electrónica, como es preceptivo, salvo las especialidades que se establezcan en la ordenanza municipal aplicable.

Es cierto que compete a la Administración decidir si, en un supuesto de notificación electrónica obligatoria, ésta se hace en papel para asegurar la eficacia de la actuación administrativa; pero esto no concede libertad absoluta para decidir si la notificación se hace en papel o de forma electrónica.

Por tanto, si el funcionario está receptivo a ser notificado en la sede electrónica, si los medios materiales son aptos para ello y si no concurren otras circunstancias que aconsejen no realizar la notificación electrónica en aras del buen fin de la actuación administrativa, dicha notificación debe realizarse de forma electrónica, como es preceptivo.

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